Los conflictos, la inestabilidad y la violencia van en aumento, con consecuencias devastadoras para las mujeres y niñas. 

• Aumento de los conflictos: en 2024 se registraron más de 185 conflictos armados, entre ellos 61 conflictos activos con la implicación de, al menos, un Estado, la cifra más alta desde que comenzaron a elaborarse estadísticas, en 1946. Alrededor de 676 millones de mujeres y niñas vivían a menos de 50 kilómetros de esos conflictos, el número y la proporción (17 por ciento) más elevados desde el decenio de 1990.  [1]
• Intensificación de la violencia: en 2024, las Naciones Unidas documentaron más de 4.600 casos de violencia sexual relacionada con los conflictos –incluidos aquellos que se practican como táctica de guerra, tortura, terror y represión política–, lo que supone un aumento del 87 por ciento entre 2022 y 2024. Además, la violencia de género se evaluó como grave o extrema en 22 países de un total de 25 que experimentaban crisis humanitarias.[2] 
• Desplazamiento: se calcula que, a finales de 2024, alrededor de 123,2 millones de personas se encontraban en situación de desplazamiento forzado, lo que representa un decenio de incrementos anuales en el número de personas refugiadas y otras que se han visto obligadas a huir de sus hogares. Más de 60 millones de mujeres y niñas apátridas y desplazadas por la fuerza corren un riesgo elevado de sufrir violencia de género.[3]
• Inseguridad alimentaria: los conflictos provocan hambrunas en la mayor parte de las crisis alimentarias del mundo, desde Gaza y el Sudán hasta el Yemen y Malí, lo que eleva la inseguridad alimentaria y nutricional a niveles sin precedentes. En 2024, más de 295 millones de personas se enfrentaban a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, y el 47 por ciento de ellas (139,8 millones) vivían en zonas inseguras o de conflicto. En 2024, 10,9 millones de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia padecían malnutrición aguda en 21 países que experimentaban crisis nutricionales; un tercio de ellas vivía en la República del Congo. En el Afganistán, Etiopía, Sudán del Sur y el Sudán, la cifra de personas que padecían este problema superaba el millón.  
• Ataques contra la infraestructura sanitaria: en 2024 se denunciaron 1.647 ataques dirigidos contra el sistema de atención sanitaria en 16 países y territorios que experimentaban emergencias humanitarias complejas. Más de 2.700 personas resultaron muertas o heridas como consecuencia de estos ataques. Los ataques contra centros de salud en Haití, Malí, Myanmar, el Sudán, Ucrania y el Estado de Palestina privaron a millones de mujeres de servicios que salvan vidas, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva.  
• La educación de las niñas, en peligro: las niñas representan el 51,9 por ciento de los más de 85 millones de menores afectados por crisis que se encuentran fuera de las escuelas, incluidas 5 millones de niñas en el Sudán. Cuatro años después de la toma del poder por los talibanes, 8 de cada 10 jóvenes afganas están excluidas de la educación, el empleo o la formación. 
• Las voces de las mujeres en los medios de comunicación: un informe elaborado por CARE en 2024 constató que, pese a que la cobertura mediática de los conflictos se multiplicó por más de 6 entre 2013 y 2023, tan solo un 5 por ciento de los artículos se centraba en las experiencias de las mujeres en la guerra, y solamente un 0,04 por ciento ponía de relieve la contribución de las mujeres como líderes en los procesos de paz. [4]

La participación de las mujeres en los procesos de paz conduce a resultados mejores y más sostenibles. Sin embargo, las mujeres siguen estando subrepresentadas en las negociaciones formales. 

• Los acuerdos de paz son más sólidos cuando participan las mujeres: diversos estudios muestran que los acuerdos de paz en los que participan mujeres como signatarias presentan mayores tasas de cumplimiento y duran más. Una evaluación reciente sobre las iniciativas de consolidación de la paz en las zonas fronterizas de Mali y Níger, por ejemplo, constató que la participación de las mujeres en la prevención de conflictos aumentó del 5 al 25 por ciento entre 2020 y 2022, y que dicha implicación ayudó a resolver más de 100 conflictos sobre recursos naturales locales. [5]
• Ausencia de mujeres en los procesos de paz: a pesar de que su papel es fundamental, las mujeres continúan en gran medida excluidas de los procesos de paz. Los datos disponibles a escala mundial indican que, en 2024, las mujeres representaban en promedio tan solo el 7 por ciento del personal negociador y el 14 por ciento del personal mediador involucrado en procesos formales de paz en todo el mundo; en muchas conversaciones de paz, las mujeres continúan estando completamente ausentes.[6] La proporción de mujeres firmantes de acuerdos de paz fue comparativamente más alta, del 20 por ciento. Sin embargo, esta proporción desciende al 7 por ciento si se excluyen los acuerdos de Colombia. Estas cifras son similares a las observadas en conjuntos de datos anteriores (1992–2019) [7] y continúan muy por debajo del objetivo de un tercio fijado por las Naciones Unidas, así como del objetivo de paridad en la toma de decisiones recomendado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. [8] 
• Procesos liderados, coliderados o apoyados por las Naciones Unidas: en 2024, las Naciones Unidas lideraron o colideraron cuatro procesos de paz activos: los Debates Internacionales de Ginebra, dos procesos relacionados con Libia y un proceso en el Sudán. Dos mujeres se desempeñaron como mediadoras principales en tres de estos procesos. En todos se consultó a organizaciones de la sociedad civil de mujeres y se dispuso de conocimientos especializados en materia de género. En 2024, las Naciones Unidas prestaron apoyo asimismo a dos procesos de paz en Colombia y a los procesos de redacción de las constituciones de Sudán del Sur y Somalia, y siguieron respaldando a las juntas consultivas de mujeres en el Iraq y Siria. En ese mismo año, en los procesos de paz y de redacción de constituciones liderados, coliderados o apoyados por las Naciones Unidas, las mujeres representaban, en promedio, el 18 por ciento del personal negociador o del personal delegado, lo que supone un descenso con respecto al 19 por ciento de 2023 y al 23 por ciento de 2020. [9] 
• Disposiciones sobre género en los acuerdos de paz: el porcentaje de acuerdos de paz que incluyen disposiciones referentes al género ha aumentado desde el decenio de 1990. Entre 1990 y 2000, solo el 12 por ciento de los acuerdos de paz incluían referencias a las mujeres. En 2024, el 31 por ciento de los acuerdos de paz y alto el fuego mencionaban a las mujeres, las niñas o el género. Sin embargo, solamente se documentaron acuerdos que incluyeran disposiciones sobre género en cuatro procesos de tres países: Colombia, el Sudán y Sudán del Sur. La mayoría de las referencias de género correspondió a los recientes procesos de paz entre el Gobierno colombiano y los grupos armados del país, en gran medida debido a la presencia de mujeres que contribuyeron a definir la agenda del proceso de paz desde el primer momento.[10] 
• Las mujeres en los procesos de paz informales: un estudio realizado en 2020 sobre las iniciativas de paz de carácter informal llegó a la conclusión de que en tres cuartas partes de los casos (27 de 38) hubo grupos de mujeres activamente involucrados en las tareas de consolidación de la paz a nivel comunitario.  
• Mujeres al frente de las iniciativas locales de paz: a pesar de la exclusión de las mujeres de la mayoría de las iniciativas de paz formales, las mujeres desempeñan un papel clave en la consolidación de la paz a escala local. Por ejemplo, en Etiopía, Liberia y Kenya, las mujeres que trabajan en el ámbito de la consolidación de la paz influyeron en los procesos y acuerdos de paz a nivel local, regional y nacional. En los Grandes Lagos africanos, las Naciones Unidas, la Unión Africana y las organizaciones de mujeres defendieron con éxito la inclusión de dos mediadoras en la iniciativa de paz conjunta de la Comunidad de África Oriental y la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo. En el Yemen, las mujeres negociaron el acceso de la población civil al agua. En el Sudán, ONU Mujeres apoyó la creación de una coalición de mujeres promotoras de la paz y sus esfuerzos por conformar una agenda de paz, lo que contribuyó a su participación indirecta en las conversaciones de paz de Ginebra en 2024. En Côte D’Ivoire, las plataformas locales de mujeres mediadoras redujeron el conflicto intercomunitario en la región de Cavally, lo que condujo a la firma de un acuerdo de paz local y a la designación, por primera vez, de mujeres como garantes de su seguimiento.[11]  
• Exclusión de los grupos de mujeres en los procesos de paz: en muchos procesos de paz se invita a la mesa de negociación a quienes provocan las guerras, mientras que se margina a quienes buscan una paz verdadera, como los grupos de mujeres. En 2024, solamente los acuerdos de paz alcanzados en Sudán del Sur incluían representantes de grupos de mujeres como firmantes.  
• De los 113 planes de acción nacionales sobre las mujeres, la paz y la seguridad adoptados hasta junio de 2025, solo el 55 por ciento incluyen compromisos explícitos sobre la participación de las mujeres en los procesos de paz, y el 42 por ciento contienen un compromiso expreso de apoyar la inclusión de mujeres como mediadoras.[12] 
• Se han puesto en marcha nuevas iniciativas políticas para acelerar los avances en los compromisos de participación de las mujeres en los procesos de paz. Por ejemplo, en octubre de 2024 se presentó el Compromiso común en favor de la participación plena, igualitaria y significativa de la mujer en los procesos de paz del Secretario General durante el debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Hasta septiembre de 2025, el Compromiso ha sido suscrito por 37 firmantes, entre los que figuran Estados miembros, organizaciones internacionales y regionales y otros agentes del ámbito de la mediación que se han comprometido a adoptar medidas concretas para impulsar la participación de las mujeres en todos los procesos de paz en los que intervengan.

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 estableció un objetivo a escala mundial sobre la igualdad de participación en la esfera política entre hombres y mujeres. Sin embargo, 30 años después, la igualdad de género en este ámbito sigue siendo un sueño muy lejano, y muchos países afectados por conflictos se están quedando todavía más atrás.  

• Mujeres como jefas de Estado: en 2024 se lograron hitos históricos notables, como la elección de las primeras presidentas por sufragio directo en México, Namibia y Macedonia del Norte. Sin embargo, en julio de 2025, las mujeres gobernaban solamente 29 países. Hasta septiembre de 2025, 102 países de todo el mundo no habían tenido nunca una mujer como jefa de Estado o de Gobierno. [13] 
• Las mujeres en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: entre 2015 y 2024, tan solo el 22 por ciento de las representaciones permanentes de los Estados Miembros ante el Consejo de Seguridad estaban ocupadas por mujeres. En 2024, 5 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad (el 33 por ciento) tenían una mujer como Representante Permanente.  
• Las mujeres en el poder legislativo: en 2025, el 27 por ciento del total de representantes en los parlamentos nacionales en todo el mundo son mujeres. Esta cifra se reduce a solo el 20 por ciento en los países afectados por conflictos.[14] 
• Mujeres en el poder ejecutivo: en 2025, las mujeres ocupan el 23 por ciento de los puestos en los consejos de ministros, frente al 21 por ciento en los países afectados por conflictos. [15] 
• Las mujeres en los gobiernos locales: en 2024, las mujeres ocupaban el 36 por ciento de los escaños electos en los gobiernos locales. Este porcentaje desciende al 18 por ciento en los países afectados por conflictos.[16] 
• Cuotas de género en favor de la igualdad: las Naciones Unidas siguen impulsando medidas especiales de carácter temporal, como las cuotas de género, para acelerar la igualdad entre mujeres y hombres en la esfera política. El proyecto de las Naciones Unidas sobre las cuotas de género proporciona información sobre las cuotas adoptadas en los parlamentos de todo el mundo. En 2025, en los países afectados por conflictos que aplican cuotas de género, el 25 por ciento de la representación parlamentaria estaba a cargo de mujeres. En los países que no utilizan este tipo de cuotas, las mujeres alcanzan apenas el 14 por ciento de la representación.[17]

• El cambio climático multiplica las amenazas: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que 90 millones de personas en situación de desplazamiento forzado viven en países con una exposición de alta a extrema a peligros relacionados con el clima, y casi la mitad de ellas sufren los efectos tanto de los conflictos como del cambio climático. Entre dichos países figuran Etiopía, Haití, el Líbano, Myanmar, la República Democrática del Congo, Siria, Somalia, el Sudán y el Yemen. Un creciente número de investigaciones demuestran que la crisis climática amplifica las desigualdades y riesgos de género existentes, y plantea amenazas específicas para los medios de vida, la seguridad y la protección de las mujeres y niñas. 
• Conflictos ambientales que afectan a las mujeres: las mujeres defensoras del medio ambiente y el clima se enfrentan a importantes ataques y actos de violencia. En enero de 2022 había al menos 3.545 conflictos ambientales en todo el mundo. En 842 de ellos participaban mujeres defensoras del medio ambiente como lideresas visibles. En 81 de estos conflictos, las defensoras del medio ambiente fueron asesinadas.  
• Violencia contra las defensoras del medio ambiente: desde 2012, más de 2.200 defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas o desaparecieron. Muchas de estas mujeres han sido objeto de tácticas de silenciamiento, como amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o criminalización, entre otras, lo que pone de relieve la necesidad de brindarles una protección integral.  
• El cambio climático en las políticas sobre las mujeres, la paz y la seguridad: las referencias al cambio climático son cada vez más habituales en las políticas sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Los planes de acción nacionales que incluyen referencias climáticas han pasado de 43 en 2023 a 53 en junio de 2025. [18] 

En muchas partes del mundo se han intensificado los esfuerzos dirigidos a suprimir la igualdad de género y a socavar los derechos de las mujeres, lo que ha tenido consecuencias devastadoras para las mujeres y niñas.  

• Retrocesos en los derechos de las mujeres: a principios de 2025, los Estados Miembros notificaron un retroceso en los derechos de las mujeres en casi una cuarta parte de los países que aspiran a cumplir la Plataforma de Acción de Beijing. Esto se traduce en un aumento de la discriminación, un debilitamiento de la protección jurídica y una reducción del financiamiento destinado a políticas y programas de apoyo, incluida la atención no discriminatoria de la salud sexual y reproductiva.[19] 
• Aumento de los ataques contra mujeres líderes y defensoras de los derechos humanos: mujeres líderes, defensoras de los derechos humanos y aquellas que trabajan en la consolidación de la paz se enfrentan a una oleada de amenazas y ataques. Entre mayo de 2024 y abril de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó 96 casos de represalias e intimidación por cooperar con las Naciones Unidas, que afectaron como mínimo a 39 mujeres y niñas. En 2024, la ACNUDH documentó 56 asesinatos de mujeres defensoras de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas en países afectados por conflictos, una cifra que probablemente represente solo una fracción de los casos reales. [20] 
• Represalias contra representantes de la sociedad civil: en el marco de una encuesta de ONU Mujeres a 55 mujeres representantes de la sociedad civil que habían informado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2024, 7 encuestadas de un total de 25 (el 28 por ciento) denunciaron que habían sufrido represalias en forma de campañas de difamación, ciberataques y redadas en sus oficinas.[21] 
• Violencia política contra mujeres y niñas: los datos correspondientes a 2024 muestran que las mujeres y niñas fueron los principales objetivos en más de 3.000 incidentes de violencia ocurridos en todo el mundo, más del 40 por ciento de los cuales tuvieron lugar en países afectados por conflictos.[22] 
• Las mujeres reciben escasa protección de las instituciones de derechos humanos: en 2024, entre los 30 países y territorios afectados por conflictos para los que se dispone de datos, solamente 18 (el 60 por ciento) contaban con institutos nacionales de derechos humanos que se ajustaran de manera parcial o total a los Principios de París, que establecen las normas mínimas sobre la protección y promoción de los derechos humanos.[23] 

La violencia de género sigue aumentando en las zonas de conflicto y crisis, y coloca a mujeres y niñas en situaciones cada vez más peligrosas que ponen en riesgo sus vidas.  

• Violencia sexual relacionada con los conflictos: las Naciones Unidas verificaron más de 4.600 casos denunciados de violencia sexual relacionada con los conflictos en 2024, lo que representa un aumento del 87 por ciento con respecto a 2022.[24] 
• Matrimonio infantil en zonas de conflicto: en 2024, 1 de cada 5 mujeres de entre 20 y 24 años se había casado antes de cumplir los 18 años, lo que refleja una moderada reducción (del 22 por ciento) desde 2014. El matrimonio infantil es 14 por ciento más frecuente en los países afectados por conflictos.  
• Violencia de pareja: a escala mundial, 1 de cada 8 mujeres entre los 15 y los 49 años de edad ha experimentado violencia sexual o física a manos de una pareja. En los países afectados por conflictos, la proporción se eleva a 1 de cada 7 mujeres. 

• El acceso de las mujeres a la justicia es crucial para reconstruir las sociedades tras un conflicto y para que quienes ejercen violencia de género rindan cuentas. Sin embargo, persisten importantes obstáculos. 
• Mayor representación de las mujeres en la judicatura: en abril de 2025, las mujeres ocupaban el 44 por ciento de los puestos en 102 organismos internacionales y regionales vinculados con el derecho internacional, frente al 32,5 por ciento en 2015.  
• Justicia para las sobrevivientes de violencia sexual y de género: desde 2010, ONU Mujeres ha desplegado a más de 200 especialistas en cuestiones de género (en los ámbitos jurídico, forense, de investigación, etc.), quienes participan en prácticamente todas las investigaciones ordenadas por las Naciones Unidas en relación con los derechos humanos. Estas iniciativas han sido fundamentales para documentar la violencia sexual y de género, así como para dar a las sobrevivientes una mayor oportunidad de acceder a la justicia y garantizar que estos delitos queden documentados en los registros históricos.  
• El papel de las mujeres en la justicia transicional: la participación de las mujeres en los procesos de justicia transicional es clave para abordar la desigualdad de género. En 2024 había un 52 por ciento de magistradas (20 de un total de 38) en la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, lo que demuestra la importancia de la representación en los procedimientos legales en entornos posconflicto. 
• Fortalecimiento de la justicia y participación de la mujer: para el examen de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing con motivo del 30.º aniversario de su adopción, el 37 por ciento de los países declararon haber reforzado las capacidades institucionales de sus sistemas de justicia, incluida la justicia transicional, como parte de la respuesta a los conflictos. Estos esfuerzos incluyen iniciativas dirigidas a aumentar la participación de las mujeres en el sector de la justicia y a capacitar a profesionales de toda la cadena judicial.[25] 
• Retroceso de la participación de las mujeres en la esfera de la justicia: en el Afganistán, todas las juezas han sido apartadas del ámbito judicial desde que los talibanes tomaron el poder en 2021, lo que ha eliminado los avances que tanto había costado lograr durante decenios en la representación de las mujeres en el sistema jurídico. En Haití, los nombramientos al Consejo Superior de la Magistratura en 2024 no incluyeron a ninguna mujer.[26]

• Ciertas medidas, como la Iniciativa Elsie en Canadá y el Fondo de la Iniciativa Elsie para las mujeres en operaciones de paz (EIF, por sus siglas en inglés) –un fondo fiduciario de las Naciones Unidas– están ayudando a elevar la cifra de mujeres que participan de manera plena, igualitaria y significativa en tareas de consolidación de la paz. A fines de 2024 se había cumplido o superado la mayoría de los objetivos fijados en la Estrategia de paridad de género para el personal uniformado de las Naciones Unidas 2018-2028, excepto los relacionados con los contingentes militares y el Estado Mayor.[27]  A continuación los datos sobre la proporción de mujeres en distintos ámbitos: 
  • Personal judicial y penitenciario: el 40 por ciento (objetivo fijado en la Estrategia: 30 por ciento).  
  • Agentes de policía: el 31 por ciento (objetivo fijado en la Estrategia: 25 por ciento). 
  • Militares con experiencia en misión y oficiales del Estado Mayor: el 23 por ciento (objetivo fijado en la Estrategia: 21 por ciento).  
  • Unidades de policía constituidas: el 17 por ciento (objetivo fijado en la Estrategia: 14 por ciento).  
  • Contingentes militares: el 8 por ciento (objetivo de la Estrategia: 11 por ciento). 
• En un estudio realizado sobre 30 países, la proporción de mujeres en las fuerzas armadas nacionales aumentó al 14 por ciento en 2022, frente al 11 por ciento en 2016.  

• Género y terrorismo: en 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoció el vínculo entre el género y el terrorismo en su resolución 2242, que insta a integrar la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad con los esfuerzos de lucha contra el terrorismo y el extremismo violento.  
• La violencia sexual como arma de guerra: los grupos terroristas, otros grupos armados y las redes delictivas utilizan la violencia sexual como táctica para incentivar el reclutamiento y hacerse con el control de territorios y recursos naturales lucrativos.  
• Uso indebido de las leyes antiterroristas: las leyes y medidas de lucha contra el terrorismo siguen utilizándose a menudo de forma indebida para considerar como terroristas a agentes de la sociedad civil, incluidas personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, y procesarles por delitos relacionados con el terrorismo a fin de obstaculizar su labor. Las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres y las defensoras de los derechos humanos se ven especialmente afectadas por estas prácticas.  
• Entre 2001 y 2018, 140 países adoptaron leyes antiterroristas. En el 58 por ciento de los procedimientos judiciales instruidos en esos países contra personas defensoras de los derechos humanos se impusieron cargos en virtud de dichas leyes.

• Gasto militar récord: en 2024 el gasto militar mundial alcanzó un nuevo máximo de 2,7 billones de dólares, el mayor aumento anual desde, al menos, el final de la Guerra Fría. El aumento del gasto militar se opone directamente al artículo 26 de la Carta de las Naciones Unidas, que aboga por la paz y la seguridad internacionales con una desviación mínima de recursos –económicos y humanos– hacia el armamento. También contraviene la Plataforma de Acción de Beijing (en concreto, su objetivo estratégico E.2.), que ya en 1995 instaba a reducir el excesivo gasto militar y a controlar la disponibilidad de armamento. 
• En el examen y la evaluación de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (E/CN.6/2025/3), solamente el 3 por ciento de los países y territorios informaron haber tomado medidas para reducir el gasto militar o controlar la disponibilidad de armamento. Solo el 1 por ciento de los países han reasignado fondos del gasto militar al gasto social y económico, por ejemplo, para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
• Mayor representación de mujeres en los foros de desarme: es vital garantizar la participación de las mujeres en los foros internacionales en los que se debaten cuestiones cruciales, como la amenaza de las armas nucleares, el aumento del gasto militar, la proliferación de armas y municiones y el uso de las nuevas tecnologías con fines militares. La proporción de mujeres involucradas en la diplomacia del desarme en la Primera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, ha aumentado de forma constante, de un 15 a un 38 por ciento entre 2000 y 2024. [28]  En 79 años, tan solo una mujer ha presidido la Primera Comisión, el órgano que se ocupa del desarme y la seguridad internacional.  
• Integración del control de armas y el desarme en los planes de acción nacionales: de los 113 planes de acción nacionales sobre las mujeres, la paz y la seguridad adoptados hasta junio de 2025, 38 (el 34 por ciento) incluyen referencias al control de armas, la gestión de municiones y el desarme en sus marcos de seguimiento.[29] 
• Dimensiones de género de la violencia armada: las mujeres y los hombres se ven afectados de forma diferente por la proliferación y el uso de las armas y la violencia armada. De las 61 resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre cuestiones referentes al desarme y el armamento, 23 reconocen las dimensiones de género de las armas o piden la participación equitativa de las mujeres en los procesos de desarme, no proliferación y control de armas.[30] 
• Las armas y la violencia sexual en los conflictos: la disponibilidad de armas pequeñas y ligeras en las zonas de conflicto alimenta la violencia sexual sistemática y generalizada. Los datos de las Naciones Unidas revelan que entre el 70 y el 90 por ciento de los incidentes de violencia sexual en entornos de conflicto implican el uso de armas. 
• El Tratado sobre el Comercio de Armas y la violencia de género: es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que reconoce la conexión entre el comercio internacional de armas y la violencia de género. En virtud del apartado 4 del artículo 7 de dicho tratado, los Estados partes, al evaluar exportaciones de armas, deberán tener en cuenta el riesgo de que estas “se utilicen para cometer o facilitar actos graves de violencia por motivos de género o actos graves de violencia contra las mujeres y los niños”.  
• Los informes presentados en el marco del Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos muestran que el número de Estados que integran las consideraciones de género en el control nacional de armas ha aumentado de manera constante a lo largo del tiempo (el 74 por ciento de los países que presentaron informes en 2024).[31] 

• Los planes de acción nacionales son herramientas importantes que ayudan a los países a cumplir los compromisos mundiales de la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad en sus políticas internas. Estos planes muestran la prioridad que conceden los países a dicha agenda y cómo se gestionan, financian y supervisan las actividades. Desde el primer plan de acción nacional sobre las mujeres, la paz y la seguridad adoptado por Dinamarca en 2005, el número de países con planes de acción nacionales había alcanzado los 113 en junio de 2025.[32] De ellos: 
  • Asignación presupuestaria: tan solo 29 planes de acción nacionales (el 26 por ciento) incluían un presupuesto en el momento de su adopción. 
  • Seguimiento de los avances: de estos planes, 90 (el 80 por ciento) incluyen marcos de seguimiento con indicadores, que son fundamentales para evaluar los avances logrados por el Gobierno.  
  • Planes de acción regionales: trece organizaciones regionales y subregionales han adoptado planes de acción o estrategias y están mejorando el seguimiento de los resultados con los países miembros.  
  • Planes de acción locales: hasta 2025, al menos 13 países habían desarrollado y puesto en marcha planes de acción locales: Bosnia y Herzegovina, Colombia, Filipinas, el Iraq, Kenya, Liberia, Malí, Nigeria, la República Democrática del Congo, Serbia, Somalia, Ucrania y Uganda. 
• El Pacto sobre la Mujer, la Paz, la Seguridad y la Acción Humanitaria (WPS-HA) proporciona una hoja de ruta a los Estados Miembros, las entidades de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales, los agentes del sector privado y la sociedad civil –incluidas las organizaciones juveniles y lideradas por mujeres, así como las instituciones académicas– para impulsar iniciativas en favor de las mujeres, la paz, la seguridad y la acción humanitaria entre 2021 y 2026. Hasta 2025, el Pacto ha alcanzado 242 signatarios y está llevando a cabo un seguimiento de 1.180 acciones de promoción, financiamiento, formulación de políticas y programación en más de 150 países y territorios.  
• Política exterior feminista: hasta agosto de 2025, 15 países (Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Eslovenia, España, Francia, México, Liberia, Libia, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia) se han comprometido a adoptar una perspectiva feminista en su política exterior, a in de promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

• Ayuda bilateral para la igualdad de género: los datos más recientes disponibles muestran que la ayuda bilateral destinada a contextos de fragilidad elevada y extrema se situó en un promedio de 50.000 millones de dólares anuales en el período de 2022 a 2023, lo que supone un descenso respecto a los 52.800 millones de dólares asignados en el período de 2020 a 2021. De esa cantidad, el 49 por ciento (21.000 millones de dólares) se destinó a apoyar la igualdad de género, lo que supone un incremento respecto al 44 por ciento anterior. Sin embargo, solamente se dedicaron 2.500 millones de dólares (el 5 por ciento) a la igualdad de género como objetivo principal.[33] 
• El Plan de Aceleración para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, puesto en marcha en 2024, pretende establecer, a más tardar en 2026, la norma de que el 15 por ciento de los gastos de las Naciones Unidas se destinen a la igualdad de género, con medidas para alcanzar este objetivo en 2030. El plan también recomienda que todos los nuevos fondos fiduciarios de asociados múltiples fijen un objetivo del 40 por ciento para programas de fomento de la igualdad de género y movilicen 300 millones de dólares para las organizaciones de mujeres que operan en situaciones de conflicto y crisis.

• La ayuda bilateral a organizaciones feministas dirigidas por mujeres en contextos de crisis sigue siendo sorprendentemente baja. En el período de 2022 a 2023 solamente se destinó a estas organizaciones que operan en contextos afectados por conflictos el 0,4 por ciento de dicha ayuda, unos 186 millones de dólares anuales, lo que supone un nuevo descenso respecto a los 205 millones del período de 2020 a 2021.[34] Este porcentaje sigue siendo inferior a la asignación mínima del 1 por ciento de la asistencia oficial para el desarrollo recomendada por las Naciones Unidas. 
• Desafíos en la asignación de fondos a grupos de mujeres: un estudio reciente en el que se analizan los niveles de financiamiento que llegan a las organizaciones de mujeres en situaciones de conflicto y crisis ha llegado a la conclusión de que este financiamiento ha disminuido durante tres años consecutivos: 
• Las iniciativas de financiamiento suelen concentrarse en un reducido número de donantes y, en algunos casos, pueden limitarse a reagrupar las dotaciones existentes en lugar de aportar nuevos fondos.  
• Una parte importante de la ayuda se destina a ONG internacionales en lugar de asignarse directamente a organizaciones locales de mujeres.  
• Las instancias donantes están familiarizadas con el objetivo de financiamiento mínimo del 15 por ciento para la igualdad de género, pero son menos conscientes del objetivo de destinar el 1 por ciento específicamente a organizaciones de mujeres. Esto lo propuso por primera vez por el Secretario General de las Naciones Unidas en el marco del 20.º aniversario de la resolución 1325 (2000) y lo reiteró en la Nueva Agenda de Paz.  
• El cambio de orientación en favor de la asistencia humanitaria ha reducido los recursos disponibles para las organizaciones de mujeres en entornos de conflicto. Tan solo el 17 por ciento de la asistencia humanitaria se destina a la igualdad de género, frente al 50 por ciento en el sector de la paz y la seguridad.  
• Compromisos para aumentar el financiamiento en favor de los derechos de las mujeres: en 2024, el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) adoptó una recomendación sobre la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en la cooperación para el desarrollo y la asistencia humanitaria. En concreto, se recomienda aumentar el financiamiento destinado a las organizaciones locales de defensa de los derechos de las mujeres, los movimientos feministas y los fondos para mujeres, así como a las entidades gubernamentales enfocadas en promover la igualdad de género.

• El Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas: se observa una notable disminución de las contribuciones voluntarias en un momento en el que han aumentado las peticiones de apoyo a los esfuerzos de consolidación de la paz y la prevención de conflictos. En 2024, este fondo aprobó 116 millones de dólares en apoyo a iniciativas de consolidación de la paz (frente a 202 millones de dólares en 2023) en 32 países y territorios, de los cuales el 43 por ciento (49,9 millones de dólares) se destinó a la igualdad de género, en comparación con los 95,8 millones (47,3 por ciento) asignados en 2023. El uso que hace el Fondo del marcador de igualdad de género es un modelo para otros fondos.[35] 
• El Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria de las Naciones Unidas: se trata del único mecanismo de financiamiento a escala mundial dedicado a apoyar a las organizaciones locales y de base comunitaria de mujeres en situaciones de conflicto y crisis. Desde 2016, este fondo ha apoyado a más de 1.600 organizaciones locales de mujeres en 49 países en crisis. Además, hasta agosto de 2025, el Fondo ha movilizado 123 millones de dólares en nuevo financiamiento para organizaciones locales de mujeres que se enfrentan a crisis cada vez más complejas a través de su campaña mundial Invest-In-Women (“Invertir en las mujeres”), que se prolongará hasta finales de 2025. 
• El Fondo de la Iniciativa Elsie para apoyar la participación significativa de las mujeres uniformadas en las operaciones de paz: este innovador mecanismo de financiamiento pretende aumentar la participación segura, igualitaria y significativa de las mujeres uniformadas en las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Desde 2019, este fondo ha movilizado más de 52 millones de dólares y ha ayudado a 24 instituciones de seguridad en 15 países que aportan contingentes y fuerzas de policía a fin de derribar los obstáculos que impiden la participación igualitaria.  
•  Fondos mancomunados para países y Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF): en 2024, los fondos mancomunados para países asignaron 935 millones de dólares (el 94 por ciento del financiamiento total) y el CERF destinó 545 millones de dólares (el 74 por ciento del total) a proyectos que contribuyeron a la igualdad de género en todos los grupos de edad.[36]

• Desde el año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha adoptado 10 resoluciones clave en las que se sustenta la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad, a saber: las resoluciones 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) y 2493 (2019).
• Mayor atención a las cuestiones de género en las decisiones del Consejo de Seguridad: en 2024, más del 60 por ciento de las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas incluían expresiones relacionadas con el género, casi cincuenta puntos porcentuales más que en 2000.[37] 
• Las voces de las mujeres en el Consejo de Seguridad: desde que se invitó a la primera representante de la sociedad civil a informar al Consejo de Seguridad en 2004, más de 300 mujeres de la sociedad civil han informado a este órgano de las Naciones Unidas. En 2024 hubo paridad de género entre las 464 personas invitadas a informar al Consejo de Seguridad en virtud del artículo 39 del Reglamento. La representación de mujeres en los grupos de especialistas de los comités de sanciones también se acerca actualmente a la paridad.[38] 
• Sanciones por violencia sexual: un informe de 2024 constató que, de las 676 personas y 193 entidades sometidas actualmente a sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, solo 25 personas y 2 entidades fueron sancionadas por violencia sexual y otras infracciones, y ninguna de ellas fue sancionada exclusivamente por este motivo.